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Por: Danny Sánchez-Mola, CEO Kolau

En Ecuador está presente en la Constitución la protección de datos de carácter personal, en el numeral 19 del art. 66, pero aún no está regulado en ley - al igual que en Bolivia y Venezuela. Chile sí pasó una de las primeras leyes de protección de datos en el año 1999, mediante la ley 19.628, una de las primeras en toda latinoamérica. México, Perú y Colombia hicieron lo propio en los años 2010, 2011 y 2013 respectivamente. Cruzando el océano, nos encontramos con que España pasó una ley en el 1999 sobre protección de datos - la conocida como Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

A estas leyes ahora hay que sumarle otra - esta vez, y por primera vez, de carácter supranacional: La ya conocida RGPD, o Reglamento General de Protección de Datos, aprobada por el Parlamento Europeo que obliga a empresas de todo el mundo que sirvan directa o indirectamente a la población de Europa - es decir, impacta a la inmensa mayoría del universo digital.

Todas estas son leyes que delimitan las acciones que pueden tomar las empresas en general tanto en las estrategias e iniciativas de marketing, como en el funcionamiento diario en relación al uso de los datos de sus usuarias/os o clientas/es.

Todas estas son leyes que se iniciaron en las postrimerías de la década de los 90, en pleno auge de la burbuja del movimiento punto com (.com) que explotaría al empezar el nuevo siglo. Ya por entonces se consideraba importante guardar a buen recaudo la información de la/el usuaria/usuario de la vorágine digital que inundaba nuestras vidas.

Estas leyes han tenido el impacto que ya conocemos - (casi) nulo. Las empresas que gravitan el universo digital sí han tratado de adaptarse tímidamente a las exigencias legislativas. La esencia de este universo, sin embargo, choca con las restricciones que estas leyes imponen.

Las bases de datos no están construidas para no poder accederse - todo lo contrario, las bases de datos están diseñadas para poder guardar información que pueda accederse. Cuando las leyes de protección de datos obligan a las empresas al uso de mecanismos restrictivos en el funcionamiento de estas bases de datos, las empresas dejan de ser ágiles, dejan de gravitar libremente en su universo digital y poder innovar a la velocidad de la luz. Como si de una constelación de estrellas se tratara, las galaxias que surgieron de internet no conocen límites y restricciones - sus mecanismos de funcionamiento, llámense bases de datos, campañas de email marketing, uso de la información, no pueden restringirse de manera realista por legislaciones creadas en otra galaxia un tanto lejana - la galaxia de la política.

El debate de si la política ha de intervenir en la innovación de las empresas en general, y las tecnológicas en particular a colación de la cuarta revolución industrial, es un debate sano, es un debate constructivo. Sin embargo, más allá del debate, debe existir el convencimiento de que las leyes han de ser poco restrictivas y permitir el avance de la innovación. Estas leyes de protección de datos no permiten margen de maniobra a las empresas, son leyes que quieren proteger a las/os consumidoras/es pero que no lo hacen porque las empresas encargadas de llevarlas a cabo no van a poder hacerlo - no porque no quieras, sino porque no pueden hacerlo y seguir siendo competitivas. ¿Vamos hacia una cadena de leyes de nula aplicación o hacia un futuro donde puedan coexistir las realidades de la innovación y de la legislación? Habrá que esperar, pero de momento parece que son realidades enfrentadas.
 

 






 



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